Escrito por: Jhoana Fuentes
Cada 12 de junio, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil nos invita a revisar estadísticas globales que solemos sentir lejanas. Sin embargo, en la Venezuela actual, esa fecha no es un recordatorio abstracto; es un espejo incómodo de una realidad que camina por nuestras calles, limpia parabrisas en los semáforos, carga bultos en los mercados o siembra la tierra en el campo. Mientras el discurso público se aferra a narrativas de normalización económica, los pupitres vacíos cuentan otra historia: la de una generación que se ve obligada a madurar a golpes de necesidad.
La falta de cifras oficiales en el país —un apagón informativo que ya es costumbre— ha pretendido invisibilizar el problema. Pero el hambre y la exclusión no se pueden decretar inexistentes. Gracias al trabajo sostenido de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de la Universidad Católica Andrés Bello, hoy sabemos que uno de cada ocho adolescentes que abandona la escuela en Venezuela lo hace para trabajar. Detrás de esa fría proporción matemática hay rostros, nombres y, sobre todo, proyectos de vida truncados.
El fenómeno no es nuevo, pero su mutación es alarmante. Lo que antes de la crisis se entendía como un abandono escolar multicausal, hoy se ha convertido en una estrategia de supervivencia familiar. La sociología lo llama elegantemente "maximización de la fuerza de trabajo del hogar"; en cristiano significa que los salarios de los adultos ya no alcanzan para cubrir la canasta básica y la solución desesperada es mandar a los hijos a producir.
Las cifras de Encovi muestran una curva dramática. En 2017, el 9% de los jóvenes de 12 a 17 años fuera del sistema educativo lo había dejado por un empleo. Con la pandemia y el colapso económico absoluto, el pico llegó al 16% en 2021. Que para 2025 y 2026 la cifra rondea el 12% no es un motivo de celebración, es el síntoma de una herida crónica. Un 12% significa que el trabajo infantil ya no es una anomalía de la crisis, sino un componente estructural de nuestra dinámica social.
Existe, además, una preocupante brecha de género en este drama. Mientras las adolescentes suelen quedar atrapadas en la deserción por dinámicas de cuidado del hogar, el riesgo del trabajo remunerado se ceba con fuerza en los varones. El salto es brutal: en 2017, el 12% de los jóvenes desescolarizados trabajaba; hoy, casi uno de cada cinco varones fuera de las aulas (19%) es mano de obra informal.
Cuando un adolescente de 14 años cambia los libros de texto por el comercio informal o la economía sumergida, el país cae en una trampa de doble exclusión: se le niega el derecho básico a la educación y se le empuja a un mercado laboral precario, sin derechos, sin protección y con ingresos de miseria.
Este canje de futuro por presente es un pésimo negocio para Venezuela. Al tolerar que nuestros niños y adolescentes se transformen en fuerza laboral temprana, estamos hipotecando el capital humano del país. ¿Quiénes diseñarán las industrias del mañana? ¿Quiénes sostendrán el sistema de salud o la innovación tecnológica si los profesionales del futuro hoy están resolviendo el almuerzo de esta tarde? La pobreza se vuelve hereditaria cuando la educación deja de ser el ascensor social para convertirse en un lujo inalcanzable.
Condenar el trabajo infantil no es un acto de romanticismo. Es entender que un país que consume a su infancia para poder comer hoy, es un país que se está quedando sin mañana. Si la escuela no vuelve a ser el lugar más seguro y prometedor para un adolescente, seguiremos viendo cómo las calles se llenan de trabajadores de manos pequeñas y las aulas se quedan habitadas solo por el silencio del futuro que no pudo ser.

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