El regreso de la Zona Rental a la UCV: ¿Justicia oportuna o deuda a medias?

 

Artículo de Opinión por: Jhoana Fuentes

El anuncio de que la Universidad Central de Venezuela (UCV) recuperará la administración directa de la Zona Rental de Plaza Venezuela a partir del próximo 1 de junio es, sin duda, una de las noticias más determinantes para la educación superior venezolana en lo que va de década. Tras más de veinte años de un "despojo progresivo" y una asfixia presupuestaria que transformó los pasillos de la Ciudad Universitaria en un monumento a la resistencia, el Estado parece reconocer —por fin— una verdad jurídica e histórica: la Zona Rental le pertenece a la UCV.

Sin embargo, detrás de los apretones de manos oficiales y las promesas de "dignificación", la realidad económica de la casa que vence de la sombra exige mirar el panorama con lupa y sin ingenuidades.

El fin de la asfixia (en papel)

Que los recursos generados por estas 10 hectáreas de altísimo valor comercial vayan directamente al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) y no a las arcas del Estado es un logro monumental. La investigación científica y humanística en Venezuela ha sobrevivido en los últimos años gracias a la mística de sus profesores, quienes han financiado proyectos de su propio bolsillo o con sueldos de miseria. Inyectar liquidez autónoma a través de la Fundación Fondo Andrés Bello no es un regalo del Ejecutivo; es la restitución de un pulmón financiero diseñado en el siglo XX precisamente para garantizar la autonomía universitaria.

No obstante, el optimismo debe ser cauteloso. El éxito de esta medida no se medirá con discursos en actos oficiales, sino con la transparencia y la efectividad con la que esos fondos comiencen a caer en las cuentas de la universidad a partir de junio.

Los 15 millones de la discordia

El equipo rectoral, liderado por Víctor Rago, ha tenido una postura tan madura como firme. Celebrar el "gesto positivo" no los ha hecho perder el norte: la UCV reclama una deuda acumulada que supera los 15 millones de dólares por concepto de alquileres no percibidos durante los años de ocupación institucional y anarquía comercial.

Pensar que la devolución del espacio borra el daño patrimonial de las últimas dos décadas sería un error histórico. Esos 15 millones de dólares no son un capricho burocrático; representan laboratorios desmantelados, bibliotecas desactualizadas y salarios dignos que nunca se pagaron.

La verdadera voluntad política del gobierno se demostrará en las mesas de negociación que ya se asoman. Regularizar los títulos legítimos de la universidad y fijar un cronograma de pago real para saldar esa deuda pendiente es el único camino hacia una reparación justa. De lo contrario, se estará entregando un terreno productivo pero con las cuentas vacías de su pasado reciente.

Hacia la vanguardia y la autonomía real

La activación de rutas de transporte y las mejoras en los comedores anunciadas por el Ministerio de Educación Universitaria son pañitos de agua tibia necesarios para la crisis estudiantil, pero el plato fuerte es la autonomía financiera. La Zona Rental tiene un potencial urbanístico superior a los 600.000 m² construibles. Si se logra reactivar el Plan Rector original, atrayendo inversión nacional y extranjera bajo el control absoluto de la UCV, estaríamos ante el nacimiento de un modelo de gestión universitaria autosustentable sin precedentes en el país.

La UCV ha demostrado que sabe resistir. Ahora, le toca demostrar que sabe administrar su patrimonio en tiempos de crisis. El balón está en la cancha del Ejecutivo, que debe pasar de las promesas de la Misión Venezuela Bella a la firma de los cheques que salden la deuda histórica. Solo así podremos hablar, verdaderamente, de un hito de justicia para la universidad venezolana.