A un mes del doblete sísmico del 24 de junio, 40 familias de la única torre dañada en Baruta claman por su registro oficial. El gobernador de Miranda envió cuadrillas, pero la Cancillería –padrina de la comunidad– aún no los reconoce.
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Redactado: Por Equipo de investigación
Periodística Publifuentes estado Miranda- Baruta
Parece un mal guión de cine, pero es la cruda realidad que viven los vecinos de la torre 11.03 del urbanismo La Limonera. A 30 días del doblete sísmico que sacudió el centro-norte del país, 51 personas –dueñas de 40 apartamentos– siguen pernoctando en el frío concreto del estacionamiento del edificio, custodiando con turnos de vigilia lo poco que no se derrumbó. Y mientras ellos luchan contra el polvo y el miedo, a pocos kilómetros, en el Campamento Temporal del CEINS Mamá Rosa, el Estado atiende a familias que –según denuncian– nunca perdieron ni un vaso de su cocina.
“Nosotros somos los únicos afectados de verdad. La Cancillería nos ignora, pasa en caravana por la avenida principal, ve nuestras carpas y sigue de largo. En el campamento oficial hay gente de otros edificios que no sufrieron daños, pero les dieron código QR y prioridad”, relata una vocera de los residentes, con la voz quebrada por el cansancio y la indignación.
El doble golpe y el olvido selectivo
El 24 de junio, dos fuertes sismos estremecieron la región Capital. En La Limonera, la torre 11.03 fue la única en resentir la estructura: grietas profundas en columnas, fisuras en muros de carga y peligro inminente de colapso parcial. Los bomberos y Protección Civil desalojaron de inmediato a las 40 familias, que desde entonces viven en el estacionamiento, entre autos y escombros, con colchonetas improvisadas y una cocina comunitaria alimentada por donaciones.
Sin embargo, el registro oficial de damnificados que maneja la Cancillería –ente que asumió el “padrinazgo” de la comunidad tras la emergencia– incluye a vecinos de otras torres que no presentaron afectaciones estructurales. Esa nómina, denuncian, fue la que obtuvo alojamiento en el CEINS Mamá Rosa, un espacio con carpas, alimentación y atención médica que hoy permanece semivacío, mientras los verdaderos damnificados duermen a la intemperie.
“No pedimos lujos, pedimos que nos vean. Que vengan a constatar que aquí estamos, que nuestras casas están inhabitables, que no tenemos dónde bañarnos ni cocinar. Pero la Cancillería sigue haciendo la vista gorda”, sentencia un vecino afectado que muestra su cédula y el certificado de inhabitabilidad emitido por la alcaldía de Baruta.
El único aliado: el Gobernador
En medio del desamparo, una figura ha emergido como el único puente con la institucionalidad: el gobernador de Miranda, Elio Serrano. Tras visitar el urbanismo y constatar los daños, Serrano se comprometió a través del Ejecutivo Regional a iniciar las reparaciones estructurales de la torre. Esta semana, una cuadrilla de ingenieros y obreros comenzó los trabajos de apuntalamiento y evaluación técnica, lo que ha devuelto un atisbo de esperanza a los residentes.
“El gobernador nos dio la cara, nos escuchó y envió ayuda. Pero la Cancillería, que tiene la responsabilidad directa en esta contingencia, ni siquiera ha respondido nuestros oficios”, lamenta Rojas un residente.
Un llamado que no encuentra eco
Los afectados han elevado sendas comunicaciones a la Cancillería solicitando una revisión del registro y la entrega de los códigos QR que habilitan el acceso a los beneficios del campamento oficial. Hasta el cierre de esta edición, no han recibido respuesta. Mientras tanto, el tiempo corre: las lluvias de julio amenazan con empeorar las condiciones del estacionamiento, y los niños –que también viven allí– comienzan a mostrar síntomas de enfermedades respiratorias.
“No queremos confrontación, queremos justicia. Que nos reconozcan como lo que somos: los únicos que perdimos nuestro hogar. Que vengan, que pregunten, que vean. No pedimos que saquen a nadie del campamento, pedimos que nos incluyan a nosotros”, exclama Rojas con el puño apretado.
El silencio oficial
Consultada por este medio, la Cancillería no emitió declaración alguna. Fuentes extraoficiales indicaron que “se está evaluando la situación”, pero los vecinos de la torre 11.03 ya no creen en promesas. Han colocado carteles en la entrada del estacionamiento que rezan: “Aquí duermen los verdaderos afectados. Cancillería, ¡actúa ya!”.
Mientras el campamento del CEINS Mamá Rosa sigue con sus carpas ordenadas y sus raciones de comida, a 500 metros de distancia, 51 personas se aferran a la única certeza que les queda: nadie va a venir a rescatarlos si ellos mismos no alzan la voz.
Al cierre de esta nota, los vecinos anunciaron que realizarán una vigilia permanente en la entrada principal del urbanismo hasta que sean recibidos por un representante de la Cancillería. “No nos moveremos de aquí –advierte Rojas–, porque nuestro hogar ya se movió lo suficiente”.
Si usted ha sido afectado por los sismos y no ha recibido atención, comuníquese con nuestro equipo de investigación al 0412-101-60-01 y al 0424-127-12-10 y de inmediato difundimos la información.
Campamento Transitorio C.E.I.N.S Mamá Rosa
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