El precio del estruendo: ¿Bastarán las multas para devolverle el sueño a Caracas?

 

Artículo de Opinión por: Jhoana Fuentes

Caracas siempre ha sido una ciudad de volumen alto. El rugido de los motores, el pregón de los vendedores informales y, por supuesto, la infaltable corneta o la música que retumba desde una ventana abierta parecen formar parte de su ADN. Sin embargo, hay una línea muy delgada entre el dinamismo caribeño y la agresión acústica. El anuncio de las severas multas contempladas en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana del municipio Libertador —que van desde los 50 euros en adelante por ruidos molestos— pone sobre la mesa un debate urgente: ¿se trata de un afán recaudatorio o estamos ante el inicio de una verdadera cruzada por la salud mental del caraqueño?

La normativa no es nueva, data de mayo de 2023, pero su aplicación y difusión cobran hoy más vigencia que nunca. Vivir en una comunidad donde la fiesta del vecino termina al amanecer de un martes, o donde un local comercial compite por clientes a fuerza de decibelios, no es un rasgo folclórico; es un problema de salud pública. Las denuncias que saturan las salas de resolución de conflictos vecinales —que hablan de insomnio, ansiedad crónica, estrés e incluso conatos de violencia física— demuestran que la "bulla" en Caracas dejó de ser una molestia menor para convertirse en un detonante de crisis comunitarias.

La ordenanza del municipio Libertador ataca el problema con un esquema que, en papel, parece equilibrado. Establecer la multa tomando como referencia la moneda de mayor valor del Banco Central de Venezuela (el euro) busca blindar la sanción contra la devaluación. Cincuenta o cien euros es una cifra que duele en el bolsillo de cualquiera. Pero el verdadero acierto de la norma no radica en el castigo monetario, sino en sus alternativas: las 40 horas de servicio comunitario limpiando escuelas o pintando canchas para quienes no puedan pagar. Hay más pedagogía ciudadana en sostener una brocha en favor de la comunidad que en desembolsar un billete.

El verdadero éxito de esta regulación no se medirá por cuántos euros entren a las arcas municipales, sino por cuántas horas de sueño recuperen los ciudadanos.

Sin embargo, el escepticismo del caraqueño es histórico y bien fundado. Venezuela es un país rico en leyes e hiperbólico en su incumplimiento. De nada sirven los límites técnicos del Decreto 2.217 —esos 55 decibelios que teóricamente deberían reinar en zonas residenciales— si el ciudadano común no tiene cómo medirlos y, peor aún, si la autoridad competente no atiende el llamado a las tres de la mañana.

Para que esta ordenanza no sea letra muerta, se necesitan tres elementos clave:

• Institucionalidad accesible: Que las Oficinas de Control Urbano y la Policía Comunal actúen con celeridad y sin selectividad. La ley debe aplicar igual para el vecino de a pie que para el comercio ruidoso bien conectado.

• Cultura de mediación: Es rescatable que la norma privilegie el diálogo a través de actas conciliatorias antes de activar el aparato sancionatorio. El vecindario debe aprender a hablar antes de denunciar.

• Fiscalización en movimiento: El artículo 20, que sanciona a las unidades de transporte y vehículos particulares con "plantas de sonido" a todo volumen, requiere mano dura en las avenidas. La calle no puede seguir siendo una discoteca ambulante.

Regular el ruido en Caracas es una tarea titánica. Implica transformar una cultura arraigada donde el derecho a la diversión propia suele pisotear el derecho al descanso ajeno. La Ordenanza de Convivencia Ciudadana es una herramienta jurídica valiosa, pero las leyes no cambian ciudades; las cambian las consecuencias de infringirlas. Ojalá que el bolsillo, o el temor a pasar un fin de semana barriendo una plaza, nos enseñe finalmente a escuchar el valor del silencio.